Entrevista publicada en Diario Financiero

Hoy las empresas deben cumplir cada vez con mayores exigencias para insertarse en la sociedad. Una de ellas tiene que ver con ser buenos vecinos, relacionarse con las comunidades y no destruir el entorno con sus proyectos de infraestructura. Alex Ramos, director de la consultora de sustentabilidad y gestión comunitaria, Pacto Ambiente, señala que últimamente se ha avanzado más rápido en esta materia, debido a requerimientos normativos y propios del negocio, pero también en base a una convicción firme de hacer las cosas bien.

¿Se preocupan hoy las empresas más por los impactos que generan sus proyectos en el entorno?

Las empresas en términos generales han ido asumiendo esta responsabilidad y han incorporado a su gestión aspectos comunitarios y ambientales. Eso no significa que tengamos el tema resuelto, sino que a pesar que esta temática comenzó a posicionarse hace 10a 15 años en las compañías, su evolución se ha profundizado en los últimos cinco años.

¿Cuáles son los sectores que más han avanzado? ¿Cómo lo han hecho?

En los últimos años las empresas que más han tenido que avanzar están en las industrias minera y eléctrica, y también, en menor medida, en el negocio inmobiliario. Estas son las firmas que tienen más capacidades instaladas hoy para atender los desafíos en materia social y ambiental. Sin embargo, llevar la delantera no tiene que ver con hacerlo estrictamente bien siempre, sino con aprender en el camino. Las reglas del juego no están definidas y algunas empresas han desarrollado sus propias tecnologías y herramientas, en especial la industria minera.

¿Cómo se han generado estas mediciones propias?

Las empresas que tienen más historia en esto, fundamentalmente las mineras, comenzaron porque son parte de grandes corporaciones internacionales que incluyen estos aspectos como obligaciones que vienen desde su casa matriz. La industria nacional incorporó estas prácticas, las que hoy son validadas por las comunidades. Esto generó que otros sectores también las consideraran, la industria eléctrica , por ejemplo, que al principio no tenía los conflictos que tienen hoy.

¿Las empresas se han visto obligadas a avanzar más rápido debido a algunos casos de conflictos con las comunidades?

Siempre existió la convicción de hacer las cosas distinto, pero no había herramientas para hacerlo bien, no existía una mayor experiencia.

Las comunidades entendieron sus derechos y comenzaron a manifestarlos en el marco de la institucionalidad ambiental, lo que hoy se entiende como el llamado ‘empoderamiento’. Asimismo, la institucialexonalidad se fue modernizando, y por ello, la Ley 19.300 y la normativa que deriva de ésta (el decreto 40 que regula los procesos de calificación ambiental) ha incorporado la necesidad de que los proyectos anticipen el vínculo con las comunidades. Pero las razones de los cambios son dos: la necesidad propia de que el negocio avance porque la normativa lo va imponiendo. Y porque algunas firmas, las más evolucionadas, entendieron que hacer las cosas bien es un mejor negocio.

En un momento se instaló la idea de que la forma en que avanzaba la normativa podría poner en entredicho la inversión ¿Cuál es su visión?

Los cambios normativos no han sido un obstáculo en la inversión. Por el contrario, los cambios en la institucionalidad han ido mejorando las condiciones en la que los proyectos son evaluados, dando mayor legitimidad a estos procesos.

Muchas veces se ha indicado que entre mejor y más clara estén las reglas en el proceso de calificación ambiental la legitimidad de la resolución de calificación ambiental mejora y también lo hace la forma en que los proyectos pueden ser ejecutados. Nuestra normativa es buena, tiene aspectos mejorables sin duda y precisamente hoy existe una comisión para ello.

Si uno hace un análisis, la disminución del ingreso en los proyectos de impacto ambiental comienza en 2014 y tiene que ver con el ciclo económico que termina con el alto precio del cobre. No se aprecia un cambio significativo en los que ingresan al servicio de evaluación de impacto ambiental con los cambios que han ocurrido en la normativa.

¿Qué nuevos aspectos y variables han ido incorporando las empresas en materia medio ambiental que escapen de la normativa? 

En Chile se han incorporado pocas cosas desde el punto de vista innovador. No son grandes porque la normativa es exigente en ese sentido y las firmas deben responder ante varios indicadores, no obstante, lo más relevante de este último tiempo podría ser la huella de carbono y la medición de la huella del agua. Ambas se han incorporado de manera importante, desde la voluntariedad de las empresas.

¿Dónde cree que están las mayores barreras para avanzar?

Los aspectos pendientes tienen que ver con la necesidad de que las empresas entiendan que al momento de hacer sus proyectos tienen que ser capaces de sociabilizarlos de manera anticipada con las comunidades.

Otro factor relevante en que las empresas deben avanzar es en la calidad de los estudios de impacto ambiental que presentan, de tal manera que cuando se planteen las medidas de mitigación de esos proyectos, efectivamente se hagan cargo de los impactos.

Los procesos de calificación ambiental y fundamentalmente lo que tiene que ver con participación ciudadana, mejoraría si las empresas tuvieran una buena evaluación de sus impactos y se hicieran cargo de ellos. Estos dos son los grandes temas a mejorar. Que es lo mismo que proponen los cambios normativos de los que hemos sido testigo en los últimos años.

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